El Tribunal neerlandés determinó que la plataforma incumplió sus obligaciones contractuales al restringir las funcionalidades de la cuenta de un usuario sin justificación suficiente y sin cumplir con los estándares de transparencia exigidos por la DSA. Además, estableció que la empresa no contaba con un canal de comunicación efectivo para atender las solicitudes de los usuarios, lo que también constituye una violación de la normativa europea.
En un caso de julio de 2024 sobre un asunto que tiene gran vigencia en estos días, un tribunal de Países Bajos dictaminó que la plataforma X violó sus obligaciones contractuales y la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) al aplicar una restricción injustificada a la cuenta de un usuario sin informar adecuadamente los motivos ni proporcionar un canal de comunicación eficaz para la resolución del problema.
El caso involucró a Danny Mekić, investigador en Ámsterdam y candidato a doctorado en Leiden, cuya cuenta fue restringida después de publicar en X, en octubre de 2023, dos artículos sobre políticas europeas relacionadas con la pornografía infantil. La plataforma impuso una “prohibición de búsqueda (sugerencia)” sobre la cuenta de Mekić, lo que hacía que su perfil y publicaciones fueran invisibles para quienes no lo seguían, incluso en los casos en que quisieran buscarlo.
Estas acciones dan cuenta de diversos mecanismos de shadowbanning (medidas ocultas que invisibilizan contenidos o cuentas) que aplican estas plataformas y que impactan directamente en la libertad de expresión de sus usuarios. Además, el caso pone en evidencia la falta de transparencia en las decisiones que se toman desde la plataforma en forma automatizada y la ausencia de canales de comunicación que garanticen al usuario la posibilidad de aclarar dudas y presentar reclamos ante la plataforma y la empresa.
Al percatarse de la restricción, el usuario intentó comunicarse con la plataforma en reiteradas ocasiones sin recibir una respuesta clara. Tras varios intentos, X finalmente le informó en noviembre de 2023 que su sistema automatizado había detectado contenido potencialmente vinculado a “explotación sexual infantil”, lo que había motivado la restricción temporal. No obstante, en enero de 2024, la empresa admitió que la decisión había sido incorrecta, ya que su publicación no violaba las reglas de la plataforma, y restauró la cuenta. Luego de recibir esta respuesta por parte de la empresa, Mekić presentó una petición de reclamación contra X ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam alegando una violación de la DSA.
El Tribunal determinó que X había incumplido sus obligaciones contractuales al restringir las funcionalidades de la cuenta de Mekić sin justificación suficiente y sin cumplir con los estándares de transparencia exigidos por la DSA. Además, estableció que la plataforma no contaba con un canal de comunicación efectivo para atender las solicitudes de los usuarios, lo que también constituía una violación de la normativa europea. En cuanto a esto, el Tribunal determinó que “X no cumplía los requisitos de la DSA para una comunicación rápida, directa y eficiente a pesar de la afirmación de que tenía un Centro de ayuda funcional y una dirección de correo electrónico exclusiva”.
Si bien el tribunal no aceptó la solicitud de Mekić de una declaración formal de ilegalidad de las acciones de X, sí reconoció que la empresa había fallado en brindar información clara y oportuna sobre la restricción. Como consecuencia, ordenó a X establecer un punto de contacto de cumplimiento en un plazo de dos semanas y le impuso una multa diaria de 100 euros por incumplimiento, con un límite de 100.000 euros. Además, la plataforma fue condenada a pagar una compensación por las tarifas de suscripción perdidas durante el período de restricción -ya que el usuario es un usuario Premium que abona una tarifa de 9,68 dólares por mes- y a cubrir los costos judiciales del demandante.
El fallo resalta la problemática del shadowbanning y la falta de mecanismos efectivos de apelación (siquiera de ser notificados) en las plataformas digitales en estos casos. También subraya la importancia de garantizar que las decisiones de moderación de contenido sean transparentes, proporcionadas y sujetas a revisión, para evitar restricciones injustificadas que afectan el derecho de los usuarios a la libertad de expresión y el acceso a la información.
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