La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, envió un informe a Presidencia con observaciones al decreto reglamentario firmado por el expresidente Lacalle Pou a pocos días del cambio de gobierno, señalando que varios artículos exceden lo dispuesto en la ley por lo que debería ser suspendido en su aplicación. Además, el decreto omite regular aspectos clave de la norma aprobada
La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay (MIEM), Fernanda Cardona, solicitó al presidente Yamandú Orsi la suspensión de la aplicación del decreto reglamentario de la nueva Ley de Medios, firmado en febrero por el expresidente Luis Lacalle Pou, a tan solo dos semanas del cambio de gobierno.
Según el Ministerio, el decreto incluye disposiciones no contempladas en la ley y que exceden a la misma -y que podrían generar problemas en su aplicación-, además de haberse ignorado informes técnicos preliminares.
“El escenario mínimo es suspender la aplicación del decreto de reglamentación de la ley, porque encontramos elementos técnicos y formales que deben ser analizados”, sostuvo Cardona en declaraciones al periódico La Diaria.
Uno de los puntos cuestionados por el MIEM es la competencia discrecional -no está dispuesto en la ley- que el decreto le otorga al gobierno para autorizar que los titulares de licencias amplíen o reduzcan la cobertura de sus servicios. Desde el MIEM señalan que esto podría afectar la disponibilidad del servicio en algunas zonas.
A su vez, otro de los aspectos que más preocupan es que el decreto apenas establece una “regularización” para la venta encubierta de una emisora sin autorización del Poder Ejecutivo, a pesar de que la propia ley vigente la califica como una “infracción muy grave” que puede derivar en la revocación de la licencia, contradiciendo abiertamente la legislación que supuestamente busca reglamentar.
El reglamento también presenta omisiones significativas respecto a la ley, como la eliminación de toda referencia a los “grupos económicos” en las limitaciones a la titularidad de licencias para prestar Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual (SEDICA), así como la falta de reglamentación de los artículos orientados a la protección de niños, niñas y adolescentes.
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