Tras conocerse el viernes 19 de junio la última versión del proyecto de Ley sobre Fake News (PL 2630/2020) presentado por el senador Ángelo Coronel, la Coalizao Direitos na Rede (CDR) de Brasil demanda que la iniciativa no sea aprobada en la sesión prevista para este 24 de junio. Las organizaciones sociales integrantes de esta coalición consideran que el proyecto representa un enorme riesgo para la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de los usuarios.
“La votación puede resultar en una ley que inviabilice el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería privada por gran parte de la población brasileña como también instaurar en el país una visión de regulación de Internet basada en la identificación masiva y la criminalización de los usuarios, a contramano de lo que el mundo democrático ha adoptado y de lo que en Brasil, hasta ahora, viene siendo referencia internacional”, sostiene la coalición.
De acuerdo con la CDR, la nueva redacción del proyecto de ley crea nuevos conceptos y alcance de la normativa, promueve la identificación masiva y el rastreo, criminaliza de forma generalizada, no exige transparencia a las plataformas y presenta problemas sobre el debido proceso.
Sobre lo primero, se plantea que el proyecto se estructura en torno al concepto de “cuenta identificada” (asociada a un número de teléfono personal) que promueve un régimen de identificación general de los usuarios de Internet en Brasil. “La redacción, vaga, puede comprometer el acceso de los brasileños a los servicios digitales, que pasaría a estar condicionado a la validación de cuentas mediante un identificador personal”, explica CRD.
Además plantean que el concepto de “comunicación personal” en lugar de “aplicación de mensajería privada” como era propuesto anteriormente, amplía el alcance de la regulación ya que todos los medios de comunicación involucran comunicaciones personales. “Así, plataformas de intercambio de archivos, de video llamadas, aplicaciones de relación, emails e incluso espacio de comentarios estarían conceptualmente sujetos a la ley que no propone tratar, por lo menos en teoría, ese tipo de servicios”, señala el documento de la coalición.
Además se modifica la propuesta original y en vez de limitar su aplicación a grandes redes sociales y servicios de mensajería, ahora extiende su alcance a pequeñas y medianas empresas, “generando perjuicios económicos a la innovación y al mercado brasileño”.
Asimismo, la obligatoriedad de localización de datos es considerado desproporcionado.
“Entendemos que los conceptos de la nueva ley deben estar alineados tanto al estado actual de los desarrollos tecnológicos como a las definiciones legales existentes… el texto se debe concentrar en el enfrentamiento a cuentas automatizadas no identificadas de modo de cohibir a los robots (bots) no identificados en cuanto tales, que puedan servir a la diseminación de informaciones”, indica CDR.
En relación a la identificación masiva de los usuarios de Internet, la Coalición sostiene que “al condicionar la autenticación de cuentas en redes sociales a un número de celular -previendo que la información de identificación requerida será confirmada vía SMS -el informe pasa a trabajar con una lógica excluyente de acceso a las redes, no considera que muchos proveedores de aplicaciones de Internet no requieren a acceso de manera exclusiva vía celular y que quien no tuviera un número en operación no podría usar redes sociales y servicios de mensajería”.
Otro de los problemas que se advierten es que el proyecto otorga responsabilidad a las plataformas para identificar posibles fraudes. “La medida es grave, entre otros motivos, porque atribuye poder de policía a las empresas privadas”, alertan.
Asimismo señalan que el hecho de que se disponga a las aplicaciones de mensajería la guarda de registros de las cadenas de mensajes compartidos hasta su origen, por un plazo de cuatro meses, dejan al conjunto de la población en riesgo de políticas de vigilancia y medidas de mal uso de sus datos por las empresas.
La CDR sostiene que el proyecto de ley tiene “un potencial explosivo de criminalizar la opinión y el comportamiento rutinario de los usuario de Internet con penas exageradas”.
“Al forzar el análisis de contenidos a partir de conceptos genéricos y potencialmente criminalizar a los usuarios comunes, las propuestas se presentan como un remedio para contener la diseminación de noticias falsas, pero en verdad constituyen un veneno para el conjunto de los usuarios de Internet”, indican.
Por último, advierten que el proyecto de Ley retira medidas los requisitos de transparencia y debido proceso que estaban contenidas en la última versión del texto del senador Alessandro Vieira.
Además señalan que la iniciativa “crea una carga sobre quien denuncia un contenido al responsabilizarlo -inclusive judicialmente- por eventuales daños causados, lo que perjudica el proceso de fiscalización por la sociedad de los discursos que circulan en las plataformas”.
La demanda de CDR para rechazar este proyecto tuvo una amplia recepción entre diversas organizaciones que comenzaron a twittear bajo el hashtag “#NaoVotaPLFakeNews”.
Por ejemplo, Internet Society Brasil hizo un llamado a no votar por el proyecto. A través de su cuenta de Twitter planteó que “es necesario un diálogo amplio y con todos los actores involucrados”.
Por su parte, Diego Canabarro, integrante de ISOC señaló en la red que “el PL 2630 tiene muchos problemas conceptuales y operacionales. Erra feo con algunas definiciones. Obliga a las aplicación de Internet a exigir la vinculación necesaria con un número de teléfono y adopta una solución innecesarias, desproporciónada y peligrosa de recolección masiva de datos”.
“El texto sustitutivo del PL 2630 sobre Fake News que circuló a fines de la semana consigue empeorar lo que ya estaba complicado. Bloqueo de aplicaciones, y número de celular como requisito para usar la red social”, dijo Carlos Affonso Souza, Director del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro.
Desde la organización Electronic Frontier Foundation (EFF) también hicieron un llamado a twittear a los senadores para evitar el avance del proyecto en el Congreso.
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