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Avanzan los debates y propuestas en Brasil sobre la regulación de los servicios de video bajo demanda

Un nuevo estudio técnico del Senado brasileño sostiene que es “necesario” aprobar un marco regulatorio sobre estos servicios que disponga obligaciones a los proveedores y garantice derechos a los usuarios. Por su parte, el Ministerio de Cultura del país defendió la urgencia de su regulación
Foto: Pexels

Un estudio técnico de la Consultoría Legislativa del Senado revela la ausencia de regulación sectorial sobre los servicios de video bajo demanda (VoD) que operan en Brasil, lo que genera una asimetría regulatoria en relación con la TV abierta y la TV paga. El documento enfatiza que “la aprobación de una ley que regule la prestación de estos servicios al público brasileño es urgente y necesaria”.

El trabajo elaborado por Marcus Martins, consultor legislativo del Senado Federal en el área de Comunicaciones y Ciencias de la Información, está destinado a orientar y apoyar el trabajo legislativo. Entre sus conclusiones, destaca que el mercado de los servicios VoD cada vez ocupa más las audiencias de TV abierta y la TV paga, sin estar sujetas a un marco regulatorio con obligaciones sobre los proveedores y que garantice derechos a los usuarios y usuarias.

El estudio también señala que los servicios de VoD no están obligados a incluir cuotas mínimas de contenido nacional en sus catálogos, ni a invertir o financiar la producción de obras audiovisuales brasileñas. Estas medidas se plantean en el PL 2.331/2022 y el PL 8.889/2017, actualmente en discusión en el Congreso, con el objetivo de reducir la desigualdad de condiciones entre las distintas formas de distribución de contenido audiovisual.

En paralelo, durante una audiencia pública reciente del Consejo de Comunicación Social del Congreso Nacional, la secretaria del Audiovisual del Ministerio de Cultura, Joelma Gonzaga, defendió públicamente la urgencia de la regulación de estos servicios, destacando la importancia de incluir cuotas para la producción independiente brasileña, garantizar la equivalencia regulatoria entre los servicios audiovisuales y exigir que las plataformas contribuyan a un fondo de apoyo a la industria audiovisual.

Gonzaga agregó que su cartera “está comprometida y enfocada en avanzar en esta agenda”, enfatizando que “es fundamental que la nueva legislación se apruebe este año, evitando impactos negativos derivados de la competencia desigual con empresas extranjeras”.


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