¿Qué ocurrió? ¿por qué México no pudo o no quiso modificar radicalmente el status quo de la radiodifusión y las telecomunicaciones?…
Gabriel Sosa Plata*/ México, julio 2014
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La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada en junio de 2013, generó una enorme expectativa para transformar la estructura mediática en un país agobiado por la enorme concentración en televisión abierta, televisión de paga, telefonía fija, telefonía móvil e internet.
Esta reforma parecía impensable por la manera en la que llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, luego de una intensa campaña, promovida durante varios por el Grupo Televisa, cuando el político gobernaba el Estado de México. El Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 por las principales fuerzas políticas del país (PAN, PRD y PRI) para sacar adelante diversas reformas estructurales, fue la base política indispensable para crear el nuevo marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
En la Constitución se determinó que la radiodifusión y las telecomunicaciones son un servicio público e interés general y se establecieron los principios para fomentar la pluralidad y diversidad en radiodifusión, así como para mejorar las condiciones de competencia, los servicios y lograr tarifas más bajas en telecomunicaciones. La reforma fue detallada en temas de competencia, medios públicos y comunitarios, derechos fundamentales (libertad de expresión, derecho a la información y acceso a internet), fijó plazos y criterios para crear el órgano autónomo de las telecomunicaciones (el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) y los tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia económica, entre otros. Sólo faltaba la legislación secundaria para definir los alcances del cambio estructural que se había propuesto la clase política.
Ante el rompimiento del llamado Pacto por México por diferencias en otra de las reformas, la energética, el Poder Ejecutivo (y ya no los integrantes del Pacto por México) propuso en marzo de 2014 la iniciativa de legislación secundaria, que consistió en la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
La iniciativa fue de inmediato cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, luego de su presentación en el Senado. Entre los argumentos de rechazo destacan los siguientes: regula estrictamente –incluso estableciendo tarifa cero en interconexión- al agente preponderante de telecomunicaciones (América Móvil, de Carlos Slim), mientras regula con ligereza al agente preponderante en radiodifusión (Televisa, de Emilio Azcárraga); mantiene en la Secretaría de Gobernación (el equivalente de un Ministerio del Interior) la regulación de contenidos y no en el IFT, como se había establecido en la reforma constitucional; impide a los medios públicos y comunitarios comercializar, aunque fuese en un mínimo porcentaje, su programación y no garantiza la autonomía editorial de los medios públicos y los mantiene en la esfera de control de los gobiernos; para el caso de los medios comunitarios e indígenas hacer una reserva del 10% del espectro pero en las peores frecuencias de las bandas de AM y FM, y las condena a depender del gobierno con la asignación del 1% de la pauta oficial como principal fuente de financiamiento además de las donaciones provenientes de las comunidades a las que dan servicio.
También incorpora diversas disposiciones que violan la privacidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, bajo el pretexto de contribuir al reforzamiento de la seguridad pública, que permite la geolocalización en tiempo real, intervención de comunicaciones telefónicas y en internet sin que exista una orden judicial, ni ninguna otra salvaguarda. Además los datos de las personas serán retenidos por las autoridades de justicia hasta por dos años y deja abierta la posibilidad de que se viole la neutralidad de la red por gestión de tráfico entre los operadores. Organizaciones como Amnistía Internacional y Artículo 19, alertaron de las afectaciones a los derechos humanos de tales disposiciones.
En materia de competencia, no establece –como previó la Constitución- criterios para la propiedad cruzada de medios de comunicación y otorga privilegios a las televisoras (Grupo Televisa y socios) para aumentar los porcentajes de transmisión de publicidad comercial (de dos por ciento por cada 20 por ciento de transmisión de programas producidos nacionalmente y de cinco por ciento por adquirir el 20 por ciento de producción nacional independiente, que tiene una definición tan insuficiente que puede evadirse fácilmente), no les obliga a una contraprestación económica al transmitir en multiprogramación en sus canales digitales, ni tampoco a adquirir producción nacional independiente.
Por si fuera poco, durante la dictaminación de la iniciativa en Comisiones de la Cámara de Senadores, se agregó un artículo, el noveno transitorio, que permite a Televisa y socios, como Megacable –empresa con mayor número de suscriptores en televisión por cable en el país-, adquirir empresas de este subsector, sin tener que pasar por una autorización del IFT, con el objetivo de crear un competidor fuerte en servicios convergentes (telefonía, televisión e internet en un solo paquete) al otro gigante, América Móvil, tal como lo explicó, el 2 de julio, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. De esta manera se limita la facultad del órgano regulador para la competencia económica.
Por todo esto, la iniciativa del Poder Ejecutivo fue denominada la Ley Peña Televisa. En su contra se generó a nivel nacional una movilización ciudadana, en la que participaron cientos de organizaciones y miles de personas. De estas movilizaciones destacó la creación del Frente por la Comunicación Democrática, encabezado por líderes de la ciudadanía y de diferentes fuerzas políticas.
Si bien la nueva ley contiene elementos valiosos, como la desaparición del cobro por las llamadas de larga distancia y de la consulta de saldos, la incorporación obligatoria de códigos de ética y defensorías de audiencias en las estaciones de radio y televisión, la incorporación de servicios de subtitulaje y de lengua de señas en la programación para personas con discapacidad y el acceso gratuito a los canales de televisión abiertos para su retransmisión en los sistemas de televisión de paga, quedó corta frente a la gran promesa de que ahora sí se democratizarían los medios de comunicación de México.
De la esperanza se pasó a la decepción. El PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Nueva Alianza, y algunos senadores de los partidos políticos de oposición, particularmente del PAN, no aceptaron la mayoría de las observaciones y propuestas para corregir las omisiones y deficiencias del proyecto legislativo e impusieron su mayoría durante una maratónica sesión en el Senado de la República, el 4 y 5 de julio. Luego fue turnada la minuta a la Cámara de Diputados, donde también fue aprobada.
¿Qué ocurrió? ¿por qué México no pudo o no quiso modificar radicalmente el status quo de la radiodifusión y las telecomunicaciones?
Hay varias hipótesis, pero coincido con aquella que dice que la clase política gobernante, en especial del PRI, mantiene históricamente una estrecha relación política, familiar y empresarial con los llamados “barones” de la industria de la radiodifusión, que le ha impedido avanzar en una reforma estructural con visión democrática, ya que todo cambio puede afectar sus propios intereses. Debe reconocerse que la reforma constitucional raspó a algunos empresarios de este sector, pero no lo suficiente como para poner en riesgo la estabilidad de sus negocios.
Otra razón es la enorme influencia que particularmente la televisión ejerce sobre los funcionarios gubernamentales, legisladores y aspirantes a puestos de elección popular, bajo la premisa de que quien no sale en las pantallas de televisión no existe y por lo tanto no tiene futuro político. De ahí que se haya defendido la agenda de los empresarios de la televisión en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, mientras se tomaban decisiones drásticas para disminuir los oligopolios de Carlos Slim.
El 7 de julio, al analizar lo ocurrido con la ley de telecomunicaciones en el Senado, el historiador Lorenzo Meyer dijo en uno de los más influyentes noticiarios de radio, que por lo general quienes tienen el poder económico suelen imponerse sobre otros poderes del Estado. En México no necesariamente es así. El hombre más rico de México y uno de los más acaudalados en el mundo, con una fortuna muy superior a la de los empresarios de la televisión en México, no pudo evitar la aprobación de una reforma que particularmente le afecta. ¿En qué radica la diferencia con Emilio Azcárraga de Televisa o Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca? En que aquel no cuenta –hasta ahora- con las pantallas de televisión, dijo Meyer, pero su poder –agregaría yo- en las telecomunicaciones mexicanas es tan inmenso, que ni siquiera una reforma constitucional y una ley secundaria podrán desmantelarlo tan fácilmente.
*Gabriel Sosa Plata, Profesor titular de la UAM-X. Columnista de El Universal. Comentarista de Radio Educación y Proyecto 40. Defensor de la audiencia de Noticias MVS.